
Lima, 17/12/2007 (CNR) -- La abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, Gloria Cano denunció ser objeto de amenazas por parte de un grupo de seguidores fujimoristas que acude a las audiencias públicas que se realizan en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional, en el distrito limeño de Ate.
La representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) manifestó que, el último miércoles, la integrante del Washington Office for Latin America (WOLA) Jo Marie Burt, le informó que este grupo de simpatizantes la había insultado.
“El viernes pasado me amenazaron, me dijeron que mis hijos la iban a pagar hoy (lunes) tuve que entrar caminando porque no me dejaron ingresar en auto y en la fila me empezaron a insultar a decir terrorista y que las iba a pagar”, expresó en diálogo con CNR desde la sede policial donde se desarrolla el juicio al ex presidente Alberto Fujimori.
Cano aseguró que han solicitado a los representantes de la seguridad del Poder Judicial -que resguardan las instalaciones de la sala judicial en la DIROES)- se identifique a las personas que la han amenazado e insultado, tanto a ella como a otros activistas pro derechos humanos.
“Hice el pedido el mismo viernes, pero igual esas personas siguen entrando, nadie les dice nada y permiten que los simpatizantes de Fujimori nos amenacen”, puntualizo.
Cabe indicar que hoy se desarrolló la cuarta sesión en el marco del juicio oral al ex mandatario, por el asesinato de 25 personas en el vecindario limeño de Barrios Altos (1991) y la Universidad La Cantuta (1992), así como las torturas en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
El 3 de noviembre de 1991, en el Jirón Huanta Nº 840 de Barrios Altos, seis miembros del paramilitar Grupo Colina asesinaron a 15 personas y dejaron a otras cuatro con heridas graves, mientras celebraban una pollada para recaudar fondos con el fin de reparar algunas tuberías de desagüe.
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del SIE y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) irrumpieron en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta". Nueve alumnos y un docente fueron detenidos, luego asesinados y posteriormente enterrados clandestinamente en fosas comunes.
Si se establece la culpabilidad de Fujimori podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 33 millones de dólares.
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