
Lima, 18/12/2007 (CNR) -- El procesado Alberto Fujimori ha demostrado que es un “mentiroso consumado”; sin embargo, la verdad está quedando al descubierto, conforme avanza el proceso judicial en su contra, señaló el analista político Fernando Rospigliosi.
“Por un lado, afirmó que él dirigía minuciosamente toda la estrategia de la lucha antiterrorista y que era el gran responsable de la pacificación del país; pero cuando se le involucra en los crímenes dice que no sabía nada, que no leía los medios de comunicación”, expresó.
En diálogo con la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) Rospigliosi Capurro estimó que Fujimori no puede negar su relación cercana con su ex asesor Vladimiro Montesinos.
“Siempre ha sido evidente (...) en agosto del 2000 al término de su gobierno ¿quién salió en conferencia de prensa con Fujimori? Vladimiro Montesinos; ¿y en dónde salieron? en Palacio de Gobierno; ¿y para qué? para cubrirse entre ambos por el tráfico de armas a Colombia (...) eso quedó demostrado”, puntualizó.
De otro lado, el ex ministro del Interior del régimen toledista se mostró preocupado por las irascibles reacciones de los fujimoristas, tanto dentro como fuera de la sede judicial instalada en la base de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía, en el distrito limeño de Ate.
“La reacción de esta gente que está involucrada con ex militares es peligrosa; es gente pagada por el fujimorismo. Son huestes controladas por militares cercanos a Kenji Fujimori. Sus estrategias son similares a las de la operación Chavín de Huantar”, advirtió.
Para Rospigliosi, la policía sólo recibe ordenes del ministerio del Interior, que “al parecer ha señalado que se trate de manera poco rígida a gente que muestra un carácter hostil y violento”.
De otra parte, el analista político defendió la posición del Congreso de derogar la ley de “Pérdida de dominio” que permite al Estado expropiar los bienes patrimoniales de los acusados y procesados por narcotráfico y lavado de activos.
“Conversé con el presidente del Congreso (Luis Gonzales Posada) y él me manifestó que están de acuerdo con la medida pero que buscan adaptarla a la Constitución para evitar que se inicien procesos judiciales”.
Finalmente, Rospigliosi señaló que el dictamen del Ejecutivo es una copia de un decreto similar que planteó el gobierno colombiano, “con la diferencia que éste fue adaptado para que se aplique conforme a la constitución de Colombia (...) la expropiación de bienes de narcotraficantes debe darse, pero de manera legal”, acotó.
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