
Lima, 19/12/2007 (CNR) -- La Sala Penal Especial rechazó el pedido formulado por César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori, para que se le permita al ex mandatario el uso de una computadora portatil.
La decisión fue asumida por el titular del tribunal, César San Martín, en base al informe elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el cual indica que, dado el régimen especial al que está sometido Fujimori, resulta improcedente atender la solicitud formulada por Nakasaki.
De otro lado, se admitió como prueba el testimonio del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza, respecto a las detenciones producidas tras el autogolpe del 5 de abril de 1992.
Fujimori es interrogado por las matanzas en el vecindario limeño de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, así como las torturas en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
La Fiscalía Suprema le imputa al ex mandatario los delitos de homicidio calificado en perjuicio de 25 personas, quienes fueron asesinadas por el Grupo Colina entre los años 1991 y 1992, presuntamente con conocimiento y autorización de Fujimori.
Así mismo, es acusado por el delito de lesiones graves en perjuicio de los sobrevivientes de este crimen, quienes sufren secuelas producto de los impactos de bala recibidos.
Fujimori también es procesado por el delito de secuestro en agravio del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, quienes fueron detenidos arbitrariamente tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
Si se establece la culpabilidad de Fujimori podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 33 millones de dólares.